Reflexiones en torno al proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE)

Reflexiones en torno al proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE)

1. El contexto

El parlamento español está tramitando un proyecto de ley cuyo objetivo consiste en mejorar el sistema educativo español motivado por determinados análisis sobre sus deficiencias. Nadie duda de que nuestro sistema es mejorable y todos los agentes que trabajamos en el mundo educativo estamos dispuestos a colaborar en el análisis de la situación en busca del tan ansiado pacto educativo.

El proyecto de ley propone, como es lógico, determinados cambios en el ámbito curricular pero, a diferencia de otros proyectos anteriores, no se limita a ellos sino que adelanta propuestas que afectan al modelo del sistema educativo que los españoles nos hemos dado desde la constitución de 1978.

Estas propuestas son el objeto de estas reflexiones.

Isabel Celaá. Foto: EFE
El cambio de fondo más significativo se refiere a la eliminación de la demanda social como criterio, y establece la escuela pública como la única concreción de la política educativa, dependiente de la planificación estatal.

2. Cambios significativos y sus consecuencias

El cambio de fondo más significativo que proponen los grupos parlamentarios que constituyen el actual gobierno según las enmiendas que han presentado, se refiere a la eliminación de la demanda social como criterio para la política de centros educativos:

Enmienda 962 al artículo 109: “(Las administraciones) promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Con esto se garantiza el derecho a la educación a través de la programación”

Enmienda 909: “La escuela pública como eje vertebrador” Enmienda 920: “Se incrementarán progresivamente los centros de 0 a 3 años para atender todas las necesidades de escolarización”

Hasta este proyecto de ley siempre se ha hablado de centros sostenidos con fondos públicos. Este proyecto ignora radicalmente el mapa actual de nuestro sistema educativo y establece la escuela pública como la única concreción de la política educativa. Esta ya no depende de la demanda social sino de la planificación estatal.

  • Este cambio de visión sobre el sistema educativo tiene su correlato lógico en la propuesta que se hace para los procesos de admisión dando mucho más poder a las comisiones de admisión como ya se está llevando a cabo en alguna comunidad autónoma.
  • Aumenta el poder de gobierno, no de supervisión, de los consejos escolares en los centros concertados introduciendo la presencia de miembros del ayuntamiento por derecho propio.
  • Relega la asignatura de Religión a una presencia marginal en el currículo.
Concentración de la enseñanza concertada frente al Congreso contra la ‘ley Celaá’. - Foto: EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL

3. Nuestro marco constitucional

El artículo 27 de nuestra constitución puso las bases para la constitución de un sistema educativo democrático inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 26 instaura tres elementos clave de cualquier proyecto de educación:

  • El derecho universal a la misma.
  • El ideal de una educación integral y cívica.
  • El derecho “preferente de los padres a escoger la educación que habrá de darse a sus hijos” (art. 26.3)

El espíritu y la letra de este artículo no solo inspiró nuestro artículo 27 de la Constitución sino que se concretó desde los años ochenta en el modelo de conciertos promovido y puesto en marcha por el gobierno socialista de Felipe González. Las sucesivas leyes y reformas educativas han respetado siempre este modelo aumentando con toda lógica los controles que las administraciones educativas ejercen sobre estos fondos públicos pero siempre teniendo en cuenta que los conciertos no cubren el total del gasto por alumno de la escuela concertada ya que no contemplan ni inversiones ni otros gastos como la limpieza que en los centros públicos corre a cargo de los ayuntamientos. Eso sin contar que los profesores de la escuela concertada tienen una carga lectiva de veinticinco horas semanales frente a los de la escuela pública que no llegan a veinte.

En todos estos años han sido las administraciones públicas las que han controlado los procesos de admisión. La acusación de que la escuela concertada no recibe a alumnos con dificultades por voluntad propia y que establece restricciones y selección en su entrada es falsa. Simplemente la escuela, toda escuela pública o privada, es reflejo de su entorno según las zonificaciones que la administración marca. En un mismo entorno social una escuela pública y una concertada tendrá el mismo porcentaje de alumnos con dificultades. Ocurre que la escuela concertada ha ido desapareciendo de entornos más desfavorecidos, no por voluntad propia, sino por estrategias de la administración y por la enorme dificultad de mantener centros concertados en esos entornos.

La escuela, toda escuela pública o privada, es reflejo de su entorno según las zonificaciones que la administración marca. En un mismo entorno social una escuela pública y una concertada tendrá el mismo porcentaje de alumnos con dificultades

4. Lo que está en juego

Este proyecto de ley marca un antes y un después en la estrategia educativa en España. La escuela concertada, en la mentalidad de este legislador, es declarada claramente subsidiaria, no complementaria como dictan varias sentencias judiciales, y por tanto se manifiesta una voluntad explícita de aplicar estrategias y acciones políticas que lleven a su desaparición. Esta conclusión no es una mera interpretación sino que viene avalada por declaraciones recientes de representantes políticos del actual gobierno. Detrás de toda acción política hay un modelo de persona y de sociedad. En la constante y necesaria dialéctica entre estado y ciudadano, planificación y libertad de elección, el modelo vigente hasta ahora se ha manifestado beneficioso a lo largo de estos casi cuarenta años.

¿Cuáles son las razones para cambiarlo?

Sin duda una visión más estatalista de lo “público”. Confundir público con estatal es un grave error. Las sociedades que más han avanzado lo han hecho precisamente porque han sabido conjugar mejor que otros modelos esta dialéctica, manifestación de otra más amplia: la dialéctica entre igualdad y libertad. La solución no vendrá por el triunfo absoluto de cualquiera de las dos sino por la articulación de ambas. Nada hace indicar que el modelo de escuela concertada haya contribuido al aumento de las desigualdades en nuestra sociedad. Muy al contrario. La escuela concertada que ha podido resistir en entornos más desfavorecidos a base de muchas penurias económicas ha contribuido de manera muy significativa al desarrollo de los mismos. Y la escuela concertada católica en otros entornos sociales siempre ha estado y está comprometida con una educación que abra al compromiso y a la solidaridad. A nadie se le escapa que los graves problemas que tiene el sistema educativo español no tienen nada que ver con el modelo combinado escuela pública – escuela concertada. Entrar en este terreno solo viene motivado por razones estrictamente ideológicas, no sociales ni políticas. Decretar que solo el estado tiene derecho a promover la educación en una sociedad abierta y democrática como la nuestra supone una concepción paupérrima de la educación y un empobrecimiento de la propia vida educativa y por ende, de la misma sociedad. Lo que realmente está en juego es el tipo de sociedad que queremos construir para nosotros y para nuestros hijos en pleno siglo XXI.

Decretar que solo el estado tiene derecho a promover la educación en una sociedad abierta y democrática como la nuestra supone una concepción paupérrima de la educación y un empobrecimiento de la propia vida educativa y por ende, de la misma sociedad.

5. Las consecuencias

La primera y más importante de las consecuencias recae directamente sobre las familias y sus hijos. El modelo que se abre con esta ley marca la senda de la sucesiva disminución del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos tal como viene expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

La segunda consecuencia tiene que ver con todo el conjunto de educadores de la escuela concertada, profesores, monitores, personal de administración y servicios, etc. Si este cambio de modelo se verifica les va a situar en una red educativa, no de pleno derecho sino subsidiaria y por tanto que se puede relegar cuando no suprimir.

La tercera y no menos importante, consiste en la desaparición de las propuestas educativas que emanan de la tradición y del presente de la escuela concertada. Un empobrecimiento en definitiva, de la creatividad y la diversidad educativa en unos tiempos en los que tanto se habla de diversidades enriquecedoras.

Al final lo más importante será que cada uno de los que estamos viviendo la educación en los entornos de la escuela concertada nos preguntemos qué papel jugamos en esta situación. Están sucediendo cosas y sucederán más. Seguir como si no pasara nada es ya una forma de actuar aunque no nos lo parezca. Cada uno deberá definirse en este escenario y deberá también asumir responsablemente las consecuencias de su propio posicionamiento.

Seguir como si no pasara nada es ya una forma de actuar aunque no nos lo parezca. Cada uno deberá definirse en este escenario y deberá también asumir responsablemente las consecuencias de su propio posicionamiento.
Paremos la Ley Celaá
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La reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática. Es una reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos. La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-; la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos.

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